Enmarcado en el Derecho Internacional

Al calor de la Segunda Ola del Feminismo a nivel mundial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 34/180) el 18 de diciembre de 1979, y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Celebrada por 185 Estados, cada uno de ellos asume el compromiso de, como lo dice su nombre, eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer.

En su primer artículo se entiende la palabra discriminación en un amplio sentido:

[…] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o civil o en cualquier otra esfera. Es así que se refiere a la discriminación de manera multidimensional: en el ámbito público y privado, de manera directa o indirecta.

Luego, en su Artículo 2, la Convención enuncia que “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas” y deben llevar adelante “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminarla”. Por lo tanto se comprometen a: incluir en sus Constituciones y legislaciones el principio de igualdad del hombre y de la mujer; adoptar medidas acordes para sancionar y eliminar costumbres, conductas y estereotipos basados en la discriminación. Hace mención a tomar medidas para erradicar la violencia, la prostitución, fomentar la participación política de mujeres y el respeto a sus derechos como ciudadanas de una nación.

Una de las herramientas que la Convención fundó para garantizar el cumplimiento de esta Resolución es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual es un órgano de 23 expertes de cada Estado, el cual se dedica a realizar investigaciones, aplicar métodos y redactar informes informes. En favor de contar con información precisa, el Comité sostiene relaciones de cooperación no solo con organismos gubernamentales, sino también con sujetos de la sociedad civil.

En la Constitución Nacional de nuestro país, en el Artículo 75 inciso 22, donde se enumeran los Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, se encuentra incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta Convención enmarca las políticas públicas en materia de igualdad de género como la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009), como también impulsó la creación del Consejo Nacional de las Mujeres un 7 de agosto de 1992.

Consejo Nacional de las Mujeres: empujando desde abajo hacia arriba

El desarrollo del Consejo Nacional de las Mujeres se dio en sintonía con el panorama político y socioeconómico de nuestro país. Frente a impulsos para llevar adelante políticas concretas, varios proyectos fueron frenados por las crisis económicas que fuimos atravesando. En un contexto de desfinanciamiento del ámbito público, con poco presupuesto, muchas iniciativas se vieron truncadas. Para poner un ejemplo actual, en el 2019 por decreto presidencial, el Consejo pasó a llamarse Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y a ser una secretaria dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Esto le dio mayor estructura y autonomía; previamente el Consejo era parte del Consejo Nacional de Políticas Sociales, dentro del mismo Ministerio. Aun así, para ese mismo año, el presupuesto fue irrisorio, $234.394.881 lo que equivale a $11,36 por mujer.

A lo largo de su historia, el rol del Consejo, ahora INAM, ha logrado crear un vínculo entre el Estado y la sociedad civil en materia de desigualdad de género y poner en la agenda estatal diversas discusiones tales como el derecho al aborto o la feminización de la pobreza. Para destacar algunos proyectos concretos podemos nombrar:

• Plan de Igualdad de Oportunidades: que propone un mapeo e identificación de las desigualdades a través de una aplicación transversal de las políticas públicas.
• El Observatorio de Violencia contra las Mujeres: busca crear datos duros, estadísticos y científicos sobre la violencia de género, contribuyendo a la capacitación de todas las instancias estatales.
• El Consejo Consultivo Ad Honorem: el cual busca articularse con actores de la sociedad civil para construir un seguimiento de la aplicación de la Ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres, también se generan discusiones conjuntas sobre el presupuesto e informes.
• Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres: a través de una mirada transversal e integral, el Plan busca sistematizar una serie de medidas y respuestas para hacerle frente a las desigualdades de género.

Instituciones gubernamentales como el Consejo quedan vulnerables a la inestabilidad de la economía nacional y los cambios de gobierno. Cuando el presupuesto no acompaña resulta fundamental un movimiento feminista fuerte que presione en favor del cumplimiento de leyes y la conformación de políticas públicas eficientes para prevenir y erradicar las desigualdades de género. Es importante también que esos espacios de poder sean ocupados por mujeres de la sociedad civil, las discusiones ganadas en las calles y en el sentido común tienen que traducirse en políticas públicas. No es coincidencia que la mayoría de las medidas mencionadas hayan sido llevadas a cabo en los últimos años, momento de mayor auge del feminismo en nuestro país.

Cerramos el 2019 con un país endeudado, un nuevo gobierno y un movimiento feminista más despierto que nunca. Este panorama nos encuentra con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Para sumarle complejidad al asunto, nos encontramos en un contexto de recesión económica y una pandemia a nivel mundial. Recientemente, un informe de ONU Mujeres anunció que Argentina ha sido uno de los países que adoptó la mayor cantidad de medidas en materia de políticas de género durante la emergencia sanitaria. Aun así, proyectando a futuro, los desafíos siguen siendo tantos como las incertidumbres.